Justicia, trauma y cuidado

Una reflexión sobre lo que puede significar, para quienes denunciaron, que las condenas por delitos sexuales contra la niñez no se sostengan

Contenido sensible: este texto habla de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Esta semana se informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. Según lo reportado, ninguna respondió a un recurso de amparo ni a otra vía judicial. El ministro Fernando Rabat explicó que se aplicó la doctrina de la Corte Suprema; la Defensoría de la Niñez, por su parte, pidió explicaciones y recordó que desde 2022 la ley excluye este beneficio en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. La discusión jurídica, centrada en si esa exclusión rige para condenas anteriores, sigue abierta (Cooperativa.cl, 2026).

No buscamos zanjar ese debate. Escribimos desde el trabajo social clínico para hacernos una pregunta que a veces queda fuera de la conversación pública: ¿qué le dice a una víctima, a una familia, que una condena ya dictada pueda cambiar? Y, en general, ¿qué le dice a quien todavía no se atreve a denunciar?

Denunciar nunca ha sido fácil

Sabemos que develar un abuso sexual infantil rara vez ocurre de una vez y de inmediato. Es un proceso, muchas veces gradual y tardío (Capella, 2010; London et al., 2005). En Chile, los estudios muestran que suele darse tras un tiempo y dirigirse primero a una persona adulta de la familia (Gutiérrez et al., 2016). Las revisiones internacionales identifican más barreras que facilitadores: el miedo a no ser creída o creído, la vergüenza, la culpa, el temor a lo que pueda pasar en la familia. Ser creída o creído y recibir una respuesta protectora, en cambio, ayudan (Alaggia et al., 2019). El propio Estado lo reconoció cuando declaró imprescriptibles estos delitos, considerando las dificultades que enfrentan las víctimas menores de edad para denunciar (Ley 21.160, 2019).

Por eso importa tanto lo que ocurre después de la denuncia. Quien denunció, declaró y obtuvo una sentencia hizo un esfuerzo enorme. Si luego esa condena puede cambiar por una vía administrativa, sin información ni participación suya, es razonable pensar que se debilite la confianza en que el sistema sostiene lo que promete. Y esa desconfianza no solo toca a quienes ya denunciaron: puede desincentivar futuras denuncias, en un escenario donde denunciar ya cuesta demasiado. Conviene decirlo con honestidad: no existen estudios sobre este fenómeno específico. Es una inferencia clínica, basada en lo que sabemos sobre las barreras para develar y sobre cómo la experiencia con la justicia influye en la recuperación (Herman, 2003).

Cuando la justicia no sostiene

La literatura llama victimización secundaria al trato negativo, o a la falta de respuesta, de personas e instituciones hacia una víctima, que ella vive como una nueva vulneración de sus derechos (Orth, 2002). Se ha descrito en la violencia sexual (Campbell & Raja, 1999) y se asocia con más malestar postraumático y menos confianza en la justicia (Orth, 2002). Una rebaja decidida sin información ni participación de las víctimas puede vivirse así: no por un trato directo, sino por la señal de que el daño pesó menos. A esto se suma la traición institucional: el daño añadido cuando una institución de la que se depende no protege ni responde con apoyo (Smith & Freyd, 2014).

Para Judith Herman (1992), la recuperación del trauma se apoya en la seguridad y en el reconocimiento social de lo vivido. Una sentencia es una forma pública de ese reconocimiento, y su estabilidad aporta a la sensación de seguridad. Cuando cambia, pueden aparecer desprotección, desconfianza, culpa o vergüenza. Esto no significa que todas las personas reaccionen igual: pesan los recursos personales, el apoyo con que se cuenta y la información disponible.

El cuerpo también escucha las noticias

El trauma no es solo un recuerdo. Desde la mirada somática, cerebro y cuerpo quedan en alerta y, ante señales de amenaza, reaccionan como si el peligro estuviera presente (van der Kolk, 2014). Porges (2011) explica que el sistema nervioso evalúa constantemente si estamos a salvo y puede pasar a una defensa activa, como la lucha o la huida, o a un cierre, como la inmovilización o la desconexión.

Las noticias sobre rebajas de condena, los plazos inciertos o las posibles salidas pueden funcionar como recordatorios. Pueden reactivar hiperalerta (taquicardia, sobresaltos, tensión muscular, insomnio, irritabilidad) o hipoactivación (cansancio, entumecimiento, desconexión). Son respuestas del cuerpo al estrés, no debilidad. Y la falta de información y de previsibilidad refuerza la sensación de no tener control.

Las familias también están ahí

El abuso sexual infantil es un fenómeno relacional. Alcanza a madres, padres y hermanos, considerados víctimas indirectas, y a la familia como sistema, que suele modificar sus valores y rutinas tras la develación. Soledad Latorre (2023) advierte que la investigación tiende a centrarse en efectos individuales o de a dos, más que familiares, y propone enfoques sistémicos que reconozcan impactos propios y compartidos.

En el caso de las madres no ofensoras, la culpa y la culpabilización son experiencias frecuentes, junto con procesos de resignificación y de recuperación de su agencia como figuras protectoras. Además, el apoyo de las figuras cuidadoras favorece que niñas y niños puedan expresar y elaborar el daño (Latorre & del Río, 2025). Para las familias que denunciaron y sostuvieron un proceso largo, un cambio en la condena puede sentirse como el desmoronamiento de lo logrado, con impotencia y miedo, justo cuando más necesitan fuerzas para acompañar a quien sobrevivió.

Mirar el contexto, no solo a la persona

Hay algo que atraviesa toda esta conversación: lo difícil que es contar. Eva Giberti, psicóloga y asistente social argentina, lo planteaba con claridad: las cifras de abuso sexual infantil serán siempre incompletas, porque el miedo, la dificultad de muchas niñas y niños para poner en palabras lo vivido y la cercanía cotidiana del agresor vuelven enorme la tarea de denunciar (Giberti, 2005). Si denunciar ya cuesta tanto, cada señal que el sistema entrega después pesa mucho.

Por eso la denuncia no puede quedar sola. Para Giberti es imprescindible no solo para detener al agresor, sino como garantía legal para las víctimas, y la sanción social que expresa un tribunal forma parte de la reconstrucción psíquica que viene después (Giberti, 2005). Mirado así, la estabilidad de una condena deja de ser un detalle técnico y pasa a ser parte del cuidado. Y nos deja una pregunta incómoda a quienes acompañamos: ¿estamos ayudando a las víctimas a adaptarse a un sistema que no las protege lo suficiente? Giberti (2015) advertía justamente sobre ciertas prácticas terapéuticas que pueden terminar adaptando a la víctima al sistema opresor, dejando a la vista la insuficiencia de las políticas públicas y de las intervenciones judiciales. Lo que corresponde resolver a las instituciones no debería recaer sobre quienes sobrevivieron.

Esa pregunta dialoga con una idea que la trabajadora social canadiense Catrina Brown ha desarrollado desde el feminismo: el trauma no es solo un asunto individual, sino que se entrelaza con desigualdades sociales y estructurales. Lo personal también es político (Brown, 2024a). Cuando alguien siente desprotección frente a la justicia, no estamos ante una reacción exagerada ni ante un problema de su historia personal: es una respuesta comprensible a un contexto institucional. La culpa o la vergüenza que puedan aparecer también hay que leerlas así, y acompañar es ayudar a devolverlas a su lugar, sin cargarlas a la víctima.

Brown nos recuerda además que el poder también circula dentro del espacio terapéutico (Brown, 2024b). Nos parece que eso interpela nuestra práctica cotidiana: informar con claridad, no exigir relatos y dar espacio a la voz y a las decisiones de quien consulta son formas concretas de equilibrar ese poder.

Leídas juntas, ambas nos dejan una convicción: el trauma ni ocurre ni se repara en el vacío. Se repara en relaciones, instituciones y comunidades que reconocen, creen y protegen. Por eso cuidar implica también preguntarnos qué le comunicamos a las personas con cada decisión que tomamos como sociedad, como Estado y como profesión.

Cuidar de manera integral

La práctica informada en trauma parte de reconocer su impacto, responder en consecuencia y evitar la retraumatización (SAMHSA, 2014). No basta con tratar el trauma: todo el servicio debe funcionar sin reproducirlo (Harris & Fallot, 2001). Para el trabajo social clínico, esto significa cuidar a la persona de manera integral: su cuerpo, sus emociones, sus vínculos, su entorno y sus derechos.

En lo concreto, implica informar con claridad y sin prometer lo que no depende de nosotras y nosotros; validar la rabia, el miedo o el cansancio; ofrecer pausas de noticias y ejercicios simples de regulación corporal; acompañar a las familias sin culpabilizarlas; coordinarnos con otros equipos; e incidir con rigor, visibilizando el impacto sin instrumentalizar a las víctimas. También implica cuidarnos como profesionales, con supervisión y autocuidado.

Si eres víctima o sobreviviente y esta noticia te removió, lo que sientes tiene sentido. No fue tu culpa y tu denuncia importó. No tienes que seguir las noticias ni responder preguntas si no quieres. Puedes hablar con alguien de confianza que te escuche sin juzgar, y pedir ayuda también es una forma de cuidarte.

Desde la ética del cuidado, la reparación no termina con una sentencia: se construye con instituciones que protegen de manera estable, con comunidades que creen y con profesionales que acompañan. Cuidar también es hacer justicia.

Referencias

• Alaggia, R., Collin-Vézina, D., & Lateef, R. (2019). Facilitators and barriers to child sexual abuse (CSA) disclosures: A research update (2000–2016). Trauma, Violence, & Abuse, 20(2), 260–283. https://doi.org/10.1177/1524838017697312

  
  

• Brown, C. (Ed.). (2024a). Reframing trauma through social justice: Resisting the politics of mainstream trauma discourse. Routledge.

  
  

• Brown, C. (2024b). Talking trauma talk and the dangers of speech: Feminist narrative therapeutic conversations for complex trauma. En C. Brown (Ed.), Reframing trauma through social justice: Resisting the politics of mainstream trauma discourse. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003379591-7

  
  

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• Cooperativa.cl. (2026, 21 de octubre). El Gobierno ha rebajado condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores. https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/delitos-sexuales/el-gobierno-ha-rebajado-condenas-a-56-abusadores-sexuales-y-violadores/2026-10-21/122249.htm

  
  

• Giberti, E. (2005, mayo). Abuso sexual contra niños y niñas: Un problema de todos. Encrucijadas, 32. Universidad de Buenos Aires. https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/collect/encruci/index/assoc/HWA_556.dir/556.pdf

  
  

• Giberti, E. (Comp.). (2015). Abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes: Un daño horroroso que persiste al interior de las familias. Noveduc.

  
  

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• Latorre Latorre, M. S., & del Río, M. T. (2025). Madres de niños y niñas víctimas de abuso sexual: Desde la culpabilización a la agencia. Psicoperspectivas, 25(1). https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol25-Issue1-fulltext-3598

  
  

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• London, K., Bruck, M., Ceci, S. J., & Shuman, D. W. (2005). Disclosure of child sexual abuse: What does the research tell us about the ways that children tell? Psychology, Public Policy, and Law, 11(1), 194–226.

  
  

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